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El agente atrincherado perdió las
dos casas que había adquirido


Miembros del dispositivo montado el lunes en
el entorno de los Juzgados de La Almunia

EL PERIÓDICO. Zaragoza | Juan José P. G., el policía nacional en baja laboral que el pasado lunes, armado de una pistola, se atrincheró en los Juzgados de La Almunia de Doña Godina, atravesaba una dura situación económica que le pudo llevar a reaccionar de una forma desesperada. Hasta hace unos años, antes de ser destinado a la Comisaría de Tudela, residió en Saviñán con su mujer y sus hijos.

En esta localidad agrícola de la comarca de la Comunidad de Calatayud el agente llegó a poseer dos casas. Trabajaba en Calatayud e iba y venía entre ambas localidades. Su mujer, en aquella época, contribuía a la economía familiar con un empleo en un bar y, también, en la residencia de la tercera edad de Saviñán. Sus hijos asistían al instituto en la cercana población de Illueca.

Pero esa situación se quebró debido a los problemas económicos. Vecinos de Saviñán que desean permanecer en el anonimato apuntan que una de las casas le fue embargada y que la otra "volvió a su anterior dueño, tiempo después de adquirirla, seguramente porque no llegó a pagarla enteramente".

"Nadie sabe cómo es que cayó por aquí", comenta un residente, que manifiesta su "extrañeza" por lo sucedido en La Almunia, aunque reconoce que "sus problemas económicos eran evidentes". La situación se complicó, además, con la separación del matrimonio.

En el Ayuntamiento de Saviñán describen a Juan José P. G., de 58 años, como "un hombre de trato excelente". "Era una persona muy colaboradora, que se implicaba en la actividad municipal, en la organización de las fiestas…", añaden.

La misma fuente señala que el motivo de que el policía eligiera el pueblo para vivir puede estar relacionado con el "carácter acogedor de la gente". "Vino aquí por decisión propia, porque le gustó el sitio", indican.

Mientras tanto, no ha habido variaciones en la situación del agente tras su entrega a la Guardia Civil. Tras ser examinado en un centro sanitario, fue trasladado a un servicio terapéutico donde estos días se somete a un "profundo" estudio psiquiátrico.

Investigación

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias, abiertas por desórdenes públicos. Pero tendrá que ser un facultativo quien dictamine si el paciente puede pasar ya a disposición de los investigadores y, posteriormente, de la Administración de Justicia.

Cuando entró en los Juzgados de La Almunia, Juan José se hallaba en situación de baja laboral, algo que despierta dudas sobre el hecho de que conservara el arma reglamentaria con la que entró al edificio judicial, donde permitió el pacífico desalojo del público y los trabajadores. Pero ayer la Delegación del Gobierno en Aragón rehusó facilitar el motivo de esta situación alegando que la normativa sobre protección de datos impide difundir este tipo de detalles sobre el agente.

El Periódico de Aragón (16-5-2018)


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