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Soluciones políticas para unas vidas dignas
en nuestros pueblos

NACHO ESCARTÍN | Cuando mi yayo Félix (Escartín) y mi tío Pablo dejaron Ayera buscaban una vida mejor para ellos y para sus hijos y futuros nietos. Uno encontró trabajo en Zaragoza y se construyó una casa en Nuez de Ebro. El otro se instaló en Huesca. En Loporzano se perdieron dos tercios de la población en apenas 50 años, a principios del S. XX.

Mi abuela y sus ocho hermanos (Trigo) nacieron en Calatayud, aunque pasaron su infancia en los pequeños pueblos que jalonan el Perejiles y la Sierra de Vicor, al quedar huérfanos de madre. Mara, que contaba entonces 780 vecinos no tiene ahora más de 190. Bajo sus tierras se ubica la "grande y poderosa ciudad de los Belos", epicentro patrimonial de la Serranía Celtibérica y espectadora silenciosa durante más de 2000 años de un paisaje rico en recursos culturales, económicos y sociales.

Sieso de Jaca se despobló en abril de 1965 con la marcha de la última familia. Desde 2004, un grupo de personas han recuperado el pueblo y superando las trabas para lograr el empadronamiento en su municipio, Caldearenas (que no les reconocía como vecinos y no les incorporaba a su padrón). Trabas también para un aprovechamiento sostenible de la leña del bosque. Trabas y más trabas.

Cerveruela estuvo a punto de quedar completamente deshabitado, pero en la última década ha recuperado su censo hasta la treintena de habitantes, la mayoría menores de 40 años. La rasmia de un puñado de jóvenes ha permitido abrir un albergue, una granja escuela, un palomar como banco de semillas autóctono e incluso un criadero de caracoles.

Teruel sigue perdiendo población. El modelo de ladrillo, macroproyectos y Dinópolis, como señalaba un reciente estudio de la Universidad de Valencia, no funciona. En la Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, unos profesores de Geografía señalaban de su tesis que hay un inventario miles de viviendas, masías, granjas, pastizales, campos, industrias, eras, molinos, corrales, bancales, veredas, abandonadas. Y proponían una estrategia de gestión que recupere el patrimonio histórico, industrial, arquitectónico, bélico, natural y geológico infravalorado.

Son tan solo algunos ejemplos concretos

. Aragón está en el puesto 41 de las 258 eurorregiones que más población han perdido en los últimos 15 años. Somos la 3ª más envejecida. Y la 1ª en baja densidad poblacional si excluimos Zaragoza. Las estimaciones hablan de que vamos a desangrándonos si no lo remediamos. No tenemos mucho tiempo. 13 de las 33 comarcas de Aragón están por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado.

Nos preocupa el enorme desequilibrio territorial, uno de los rasgos más sobresalientes de Aragón, con una Zaragoza que se come más de la mitad de nuestra población, frente a un desierto demográfico que se extiende por casi todo Teruel, el Pirineo, Monegros, Daroca o Campo de Belchite.

Aún hay 348 pueblos aragoneses donde no hay infraestructura en telecomunicaciones. La Ley de Montes no se cumple y tenemos a bomberos forestales contratados 6 o 7 meses, sin posibilidad de vivir todo el año en sus pueblos ante la falta de un trabajo digno y estable.

No nos engañemos. Las causas de esta situación son políticas y políticas han de ser las soluciones. Aragón tiene un gran potencial paisajístico, agroalimentario y cultural que el modelo de explotación actual, el provincianismo caciquil y la falta de autonomía local ponen en peligro de muerte.

Hay que revisar y modificar la Ley de Comarcalización de Aragón, para que las comarcas sean esas herramientas que necesitamos para el reparto equilibrado de los servicios básicos (educación, sanidad, dependencia, movilidad) y para desarrollar estrategias conjuntas desde los pueblos (energías renovables, rehabilitación de vivienda, turismo sostenible, empresas de procesamiento de alimentos y un largo etcétera).

Hay que quitar caspa y grasa en las instituciones del Estado evitando las ayudas graciables gestionadas de manera opaca por las Diputaciones, para asegurar que todos los municipios tengan una financiación objetiva y suficiente para acometer sus necesidades. Hay que buscar la eficacia, la sostenibilidad y el interés general, y dejar atrás un modelo económico insostenible basado en el ladrillo y el desarrollo urbanístico, que no beneficia a la gente de los pueblos, sino al capital privado.

Pero Aragón no es una isla a la deriva, sino que pertenece a un estado dormido, sin una política rural propia que garantice la cohesión territorial y social. A pesar de que desde 2007 existe la herramienta adecuada para comenzar a revertir la situación de abandono del Medio Rural los Gobiernos autonómicos, del PSOE-PAR, del PP-PAR y hoy del PSOE-CHA, han preferido ignorarla o darla por muerta, no se sabe si por desconocimiento, por desidia, o porque realmente no interesa un Medio Rural identitario, que reconozca su potencial y decida su presente y su futuro. Una Ley que señala que se definan desde abajo, desde la base, con las distintas asociaciones, empresas y grupos sociales de los pueblos de Aragón, los planes integrales comarcales, específicos para cada territorio. Una Ley que permite poner en marcha Planes integrales que incentiven el empleo de calidad en una economía diversificada, puestos de trabajo en servicios sociales, agricultura, ganadería, turismo, artesanía, industria, gestión silvícola, patrimonio, cultura, cuidados, nuevas tecnologías, energías renovables…. y que puede complementarse con exenciones fiscales que compensen a la gente que nos quedamos a vivir en nuestros preciosos pueblos de Aragón.

Invirtamos en medidas concretas que aseguren los derechos sociales, las infraestructuras y los servicios necesarios, y que lleguen de manera equilibrada a todo el territorio aragonés. Medidas capaces de crear nuevas oportunidades de desarrollo sostenible y vida en el medio rural: en reabrir escuelas, en transporte escolar y gratuito, en becas de comedor, en guarderías públicas, en centros de Formación Profesional vinculados al territorio, en institutos, en cobertura de calidad de internet, en el desarrollo de la administración electrónica con ventanillas únicas en los ayuntamientos rurales. En garantizar la atención primaria y servicios a la dependencia y reabrir los centros de salud y servicios de urgencia, en equipamientos básicos estándar, de urgencias y unidades de atención móvil terrestre, en centros de especialidades según las necesidades de la gente de los pueblos y en convenios sanitarios con otras comunidades donde sea preciso.

Invirtamos esos millones en la rehabilitación de vivienda, en la red de carreteras locales y regionales, en el fomento de la intermodalidad de transportes públicos que conecten a las personas con sus cabeceras comarcales y sus centros de salud, en implantar la recogida selectiva de residuos, en crear puntos limpios y clausurar vertederos ilegales. Invirtamos esos millones en proteger nuestro riquísimo patrimonio histórico, cultural, paisajístico y naturaleza, con medidas de protección y gestión sostenible de nuestros montes, una mejor gestión de la Red Natural 2000 y nuestros espacios naturales protegidos, y el fomento de la biodiversidad y defensa de la ganadería extensiva.

En definitiva exijamos la aplicación urgente de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, desde el Estado y para Aragón y elaboremos planes por comarcas con la participación de los agentes implicados en el territorio y distribuyamos los fondos finalistas sin pasar por las Diputaciones Provinciales, para una reforma democrática de las administraciones locales y que dejemos atrás el caciquismo y el clientelismo en las instituciones. Esta Ley beneficiaría a más de 10 millones de habitantes de todo el estado, un 84,5% del territorio. Beneficiaría a Aragón.

AraInfo (29-3-2017)

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