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El Gobierno hace 'todo lo que está en
su mano' para exhumar los restos de
los anarquistas de Calatayud
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El Gobierno regional asegura que está haciendo "todo lo que está en su mano" para que se cumpla el auto judicial que ordena la exhumación de los restos de Manuel Lapeña Altabás y su hermano Antonio Ramiro, dos anarquistas de Calatayud (Zaragoza) fusilados por la Falange, del Valle de los Caídos.
El Gobierno sostiene que está haciendo "todo cuanto está en su mano" para que se dé cumplimiento al auto judicial que ordena la exhumación del Valle de los Caídos de los restos de Manuel Lapeña Altabás y su hermano Antonio Ramiro, dos anarquistas de Calatayud (Zaragoza) fusilados por miembros de la Falange en los primeros meses de la Guerra Civil y supuestamente inhumados en 1959 en un columbario del Valle de los Caídos.
Tras intentarlo por la vía penal y la contencioso administrativa los familiares de los fusilados lograron por la vía civil que un juzgado reconociera el "el derecho a la digna sepultura" de los dos hermanos. Fue en mayo de 2016 cuando un juez de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) ordenó desenterrar, identificar y entregar los restos a su familia.
Sin embargo, ha pasado más de un año y siguen sin saber si podrán recuperarlos. En este periodo, la familia de los anarquistas ha demandado a Patrimonio por obstaculizar las exhumaciones y ha denunciado que también los monjes benedictinos que custodian la Basílica están poniendo trabas para la ejecución del auto.
Oposición de 'terceros'
El pasado 5 de abril, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso e interpelada por el PSOE, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció que Patrimonio Nacional se había topado con la "oposición de terceros", pero no especificó a quién se refería. Por eso Hurtado registró una pregunta para forzar a Moncloa a aclarar si son los religiosos los que han "vetado" la exhumación de los hermanos Lapeña y cuáles son las causas de ese veto.
Sin embargo, en su respuesta el Ejecutivo no ha dado más datos al respecto y se ha limitado de nuevo a hablar de la existencia de obstáculos por parte de "terceros" y a repetir lo que ya dijo la 'número dos' del Gobierno en abril ante el Pleno. Eso sí, remarcando que "a través del Patrimonio Nacional, está haciendo todo cuanto está en su mano en colaboración con la Abogacía del Estado".
Así, recuerda que, en el auto que reconoció el derecho a la digna sepultura de los hermanos Lapeña, también advirtió de una serie de dificultades y limitaciones: que fuera viable el acceso a la planta tercera de la cripta donde pueden estar los restos, que esos restos se puedan trasladar garantizándose su integridad, su respeto y su memoria y que puedan identificarse los columbarios afectados y practicarse las pruebas de ADN.
"Patrimonio Nacional intentó acometer estas actuaciones, pero hubo oposición de terceros", insiste el Ejecutivo, que relata que ante esta situación Patrimonio acudió al juzgado pero éste le contestó que "no era parte interesada" y que, dado que se trata de expediente de jurisdicción voluntaria, no se podía "despachar ejecución".
El paso siguiente de Patrimonio fue solicitar un informe a la Abogacía del Estado y actualmente el Gobierno está analizando dos informes que aconsejan recabar un tercero al Instituto de las Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, sito en Zaragoza, "para que se pronuncie sobre la viabilidad del acceso y, si es posible, sobre las obras necesarias para llegar" a la cripta.
Informe forense
"Si ese dictamen es afirmativo y se pudiera acceder, sería necesario solicitar al Consejo Médico Forense para que se pronuncie sobre el procedimiento de localización, identificación y exhumación de los restos y la posibilidad de la práctica de la prueba del ADN", añade el Ejecutivo.
"Por tanto, el Gobierno, a través del Patrimonio Nacional, está haciendo todo cuanto está en su mano en colaboración con la Abogacía del Estado", recalcan desde Moncloa.
Madrid Diario (25-6-2017)
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