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Sánchez Quero propone elaborar mapas de prioridad demográfica y poner en marcha agencias de desarrollo contra la despoblación


Juan Antonio Sánchez Quero, se ha reunido con el comisionado del
Gobierno de Aragón para la despoblación

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, se ha reunido con el comisionado del Gobierno de Aragón para la despoblación, Javier Allué, para coordinar las iniciativas, las demandas y las prioridades de ambas instituciones en la lucha contra el mayor problema al que se enfrenta la España interior. Durante el encuentro, Sánchez Quero le ha trasladado a Allué la necesidad de elaborar mapas de prioridad demográfica y de poner en marcha agencias de desarrollo.

"Lo primero es establecer cuáles son las unidades demográficas en las que nos basamos, porque hablar de despoblación a nivel provincial no tiene sentido dadas las grandes diferencias entre unas áreas y otras de la misma provincia", ha destacado Sánchez Quero. "A partir de ahí, se deben definir las zonas en las que es prioritario actuar y se deben poner en marcha agencias de desarrollo que promuevan políticas activas contra la despoblación en esas áreas prioritarias".

En este sentido, el presidente de la Diputación de Zaragoza ha vuelto a reclamar la recuperación de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "Aunque haya que actualizarla, es una ley magnífica que ya apostó por esa filosofía de trabajo creando planes de zona para actuar en cada territorio concreto atendiendo a sus peculiaridades", ha recordado.

Además, Sánchez Quero ha apostado por promover un proceso de simplificación legal y administrativa en el medio rural "para erradicar los obstáculos que existen actualmente para el desarrollo de proyectos e iniciativas privadas" y ha reclamado que todas las administraciones públicas incorporen cada año a sus presupuestos "de forma explícita" una estrategia contra la despoblación "en la que se identifiquen objetivos claros y medibles".

Otra de las demandas trasladadas al comisionado del Gobierno de Aragón para la despoblación es la incorporación de este fenómeno como criterio para la distribución de fondos "a escala europea, nacional, autonómica y provincial". "Los ayuntamientos y las diputaciones provinciales tienen que ser estar presentes en las tomas de decisión del Estado y de las comunidades autónomas y hay que reforzar el papel de las diputaciones provinciales como referencia en las políticas de apoyo a los municipios", ha insistido Sánchez Quero.

La DGA prepara una ley de dinamización del medio rural

En la reunión entre Sánchez Quero y Allué también se han abordado asuntos de actualidad como el cierre de oficinas bancarias en el medio rural, tema en el que el presidente de la Diputación de Zaragoza ha vuelto a pedir a las entidades financieras "la máxima sensibilidad" con los pueblos. Por su parte, el comisionado del Gobierno de Aragón para la despoblación ha explicado a Sánchez Quero los avances del Ejecutivo autonómico en la tramitación de una futura ley de dinamización del medio rural aragonés.

"El objetivo de esa ley será garantizar los servicios mínimos básicos a la población y trabajar por una igualdad efectiva entre todos los ciudadanos y los territorios de Aragón, pero para lograrlo lo fundamental es establecer los mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones", ha destacado Allué, quien ha subrayado que las instituciones aragonesas llevan "mucho tiempo" trabajando contra la despoblación. "Afortunadamente ahora el problema está en primera línea de la agenda social y política, pero eso no significa que antes no se estuviera haciendo nada: se hacía y se sigue haciendo mucho", ha recalcado.

El comisionado ha coincidido en señalar que "no todas las realidades territoriales son iguales" y por tanto los planteamientos tienen que atender a las peculiaridades de cada zona. Del mismo modo, ha anunciado que la ley que prepara el Gobierno de Aragón apostará por "flexibilizar la carga burocrática en el medio rural" y por una gestión "transversal" de la lucha contra la despoblación que coordine, planifique y jerarquice las políticas que se impulsen en cada sector. Además, la nueva norma incorporará "un plan de fiscalidad diferenciada" para el medio rural.

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