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Aratis, historia de un expolio con retroexcavadoras


Arriba, sello medieval y trozos de un casco celtíbero; abajo un casco destrozado y armas prerromanas y romanas incautadas durante la Operación Helmet, en 2013 (Fotos: Guardia Civil)

VICENTE G. OLALLA | "Su acción ha impedido que los especialistas conozcan datos que podían haber modificado el conocimiento de los pueblos prerromanos de la península Ibérica", según la sentencia redactada por los magistrados de la Audiencia de Zaragoza en julio de 2018. Se llaman Félix, Luis Francisco e Isidro según la sentencia, en la que Centro de Documentación Judicial ha usado nombres ficticios para anonimizarla. Sin embargo, este periódico ya desveló en 2013 la verdadera identidad del principal implicado, Ricardo Granada Pérez, así como del anticuario de origen español afincado en Suiza Fernando Cunillera, que dio salida en el mercado a las piezas expoliadas. El tercer implicado es Mariano Ostalé, según publicó el Heraldo de Aragón.

Debido al fallecimiento del anticuario, solo los otros dos acusados fueron condenados a entre tres y seis años de cárcel por destruir, saquear y sacar de España piezas del yacimiento celtíbero de Aranda de Moncayo (Zaragoza), el más importante tras Numancia (Soria). La Audiencia Provincial de Zaragoza, además, les condenó a indemnizar al Estado y a la comunidad autónoma con 108.000 (Félix, es decir, Mariano Ostalé) y 226.000 euros (Luis Francisco, nombre ficticio de Ricardo Granada Pérez).

Con el fin de llevar a cabo su expolio idearon una tapadera: compraron el terreno y pidieron permiso al pequeño municipio para construir una falsa urbanización de chalés, lo que les permitió justificar la entrada de excavadoras y camiones en la finca y trasladar "toneladas" de tierra y objetos de valor incalculable, incluidos 20 cascos celtibéricos de entre los siglos V y II a.C. Siete de estos yelmos se depositaron este jueves en el Museo de Zaragoza, tras ser devueltos por el Museo Mouguis, en Francia, al comprobar que habían sido robados.

Según los hechos probados recogidos en la sentencia, Luis Fernando encontraba las piezas con un detector de metales, Félix las acumulaba en una nave industrial, donde las clasificaba y restauraba con un soplete, e Isidro, un anticuario suizo, las vendía al mejor postor en cualquier parte del mundo. El caso fue destapado en 2013 por EL PAÍS. El 13 de febrero de 2013, la Guardia Civil irrumpió en todas las dependencias que los expoliadores habían usado en 30 años, incluido un yate. En la Operación Helmet, como fue bautizada, se requisaron más de 6.000 piezas y se detuvo a Luis Francisco y Félix.

Desde finales de los ochenta hasta 2013, el yacimiento celtibérico de Aratikos o Aratis, que ocupaba 10 hectáreas y era el más grande de los 57 inventariados en Aragón, fue saqueado metódicamente. De allí se extrajeron más de 6.000 piezas arqueológicas, de las que unas 2.000 están ahora custodiadas en una caja de seguridad del Gobierno de Aragón, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que han interpuesto los condenados.

El asentamiento celtíbero se construyó sobre el cerro de Castejón, en el siglo VI a. C., y fue destruido por el ejército de Roma entre los años 74 a 72 a. C. Cuando Luis Francisco conoció de su existencia, se compró una casa en la localidad próxima de Illueca y comenzó el expolio. Empezó haciendo "agujeros y zanjas" en los lugares donde el detector le señalaba que había enterrados objetos metálicos, pero iba demasiado lento. Así que adquirió una excavadora para retirar "varias toneladas de tierra, lo que supuso la destrucción de la muralla celtíbera", según los jueces. Profundizó entre 0,5 y 2 metros, llevándose por delante todos los estratos históricos, fundamentales para que los arqueólogos realicen una datación precisa.

Una vez rebajado el terreno, volvió a emplear detectores metálicos "con notable éxito" y comenzó a trasladar el material a su casa de Illueca, donde descubrió que se trataba de una "extraordinaria colección de piezas metálicas celtíberas". Estos elementos, que fueron limpiados con productos químicos, están considerados como "piezas de excepcional valor científico, histórico y cultural". Y así, durante 30 años consecutivos, en los que expolió cientos de metros cuadrados de la necrópolis, donde se enterraba a los guerreros con su armamento. Además de los yelmos, halló espadas, lanzas, discos de coraza, hondas, pulseras, pendientes, más de mil monedas romanas y celtíberas.

En 1992, un concejal de Aranda ordenó parar el acarreo de tierras, pues Luis Francisco no tenía ningún permiso para ello. En teoría, su nueva urbanización iba a ser de casas prefabricadas. El saqueador frenó la operación con maquinaria, pero siguió excavando a mano. Cuando reunió en su vivienda un elevadísimo número de piezas, contactó con Félix, "cuyo oficio, solvencia e instrucción no constan", dice la sentencia.

Félix trasladó el material a un almacén de Utebo (Zaragoza) en 1990 y procedió a realizar algunas 'restauraciones' con un soplete. Finalmente contactaron con Isidro, un anticuario de Zúrich (Suiza), de origen español. Él se encargó de sacar los objetos arqueológicos del país para ofrecerlos a coleccionistas de Alemania, Suiza, Francia y Reino Unido. En 1990 el anticuario se presentó en el Römisch-Germanisches-Zentralmuseum de Maguncia (Alemania) y le ofertó dos cascos por 60.000 euros. El museo los rechazó y llamó a la Interpol. Pero el suizo no se dio por enterado y vendió dos en Londres, en la casa de subastas Philips West Two, y un tercero en Hong Kong.

Los 15 restantes se los vendió al magnate alemán Victor Guttmann, que los incorporó a su colección privada. Y allí se mantuvieron hasta 2001, cuando el coleccionista murió y los herederos decidieron desprenderse de los cascos. Seis fueron adquiridos por el Museo Mougins (Francia), que ahora los ha devuelto a España al conocer su origen ilícito. El yacimiento destruido, según los magistrados, "de haberse estudiado, habría aportado información muy relevante sobre la religión, sociedad, economía, tecnología y guerra de este mundo celtíbero".

Y añaden: "La extracción ilegal supuso la destrucción de su contexto arqueológico, privando de datos fundamentales que podían haber modificado la información y conocimiento de los pueblos prerromanos, tratándose de piezas de valor científico, histórico, cultural excepcional". Los cascos devueltos -gracias al filántropo y propietario del Museo Mougins, Christian Levett - tenían un significado funerario y ritual para los celtíberos, que los guardaron en la grieta de una roca o los apilaron en contenedores dentro del 'oppidum' destruido. El yacimiento Castejón I-El Romeral fue declarado bien de interés cultural el 16 de abril de 2016.

Félix y Luis Fernando, condenados a 3 y 6 años de cárcel, respectivamente. han recurrido y ahora el Tribunal Supremo tendrá que decidir si merecen castigo.

El País (6-12-2019)

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