Imagen de la escuela de Tobed, un de las localidades afectadas,
cuando fue reabierta en 1998 (Foto: Javier Pardos / El Periódico de Aragón)

Alex Aisa.- Quizá sea porque se han dado cuenta de que las manifestaciones en la calle no siempre dan frutos. O porque han comprobado que el derecho al pataleo no sirve para mucho. El caso es que los padres de varias localidades zaragozanas han decidido echar un pulso a la Consejería de Educación y Ciencia y no están llevando a sus hijos a clase para presionar a la Administración y conseguir que se cumplan sus reivindicaciones. Las asociaciones de padres defienden esta medida de fuerza, pero la DGA y los juristas les lanzan una advertencia: su postura es un "atentado" contra la Educación.
 
Este problema se ha localizado en la zona periférica de Calatayud y La Almunia de Doña Godina. Los padres de Abanto fueron los primeros en abanderar la rebelión. Al quedarse con sólo tres alumnos, la consejería se vio obligada a cerrar la escuela (es necesario tener cuatro estudiantes para disponer de un centro) y ofreció a los padres una ayuda económica de 70.000 pesetas anuales para sufragar el transporte hasta el colegio más cercano, el de Cubel, a unos ocho kilómetros. La asociación de padres se negó y exigió que sus hijos fueran en taxi a Calatayud, ya que allí dispondrían de servicio de comedor. Las dos partes están negociando todavía y los tres niños aún no han empezado el curso, a pesar de que las clases se iniciaron hace dos semanas.
 
El otro caso es el del Centro Rural Agrupado (CRA) Vicort-Isuela, que esta formado por las escuelas de siete localidades: Santa Cruz de Grío, Mesones de Isuela, Codos, El Frasno, Tobed, Arándiga y Nigüella. Los tres primeros centros tienen más de once alumnos y según el acuerdo de plantillas firmado por la DGA y por los sindicatos deberían disponer de dos profesores. Sin embargo, de momento sólo se ha incorporado un docente y la asociación de padres se ha levantado en armas : el pasado viernes no llevaron a sus hijos a clase y aunque la semana que viene sí que lo harán, si el viernes no han obtenido una respuesta satisfactoria del Departamento de Educación convocarán una huelga indefinida.
 
Además, a principio de curso se produjo otro caso similar en Benasque. Los padres aseguraron que sus hijos no iniciarían el curso hasta que no se arreglara el patio del colegio. Unos días después de esta amenaza, la Administración se comprometió a mejorar el lugar de recreo, en el que había numerosas piedras, y los niños empezaron las clases.
 
Jesús Jiménez, secretario general técnico del Departamento de Educación, es tajante a la hora de calificar este tipo de medidas de presión: "Es un atentado contra el derecho a la Educación que tienen los niños. Este derecho está por encima del derecho de los padres a protestar. No se puede utilizar a los hijos como moneda de cambio para conseguir una serie de reivindicaciones".
 
Lo que más le extraña a Jiménez es que estas situaciones se produzcan en el ámbito educativo, porque en su opinión es uno de los que tiene más cauces para que los padres puedan presentar sus reclamaciones. "Ya me gustaría que en otros servicios públicos existiesen los órganos de participación que tiene la Educación", destacó.
 
"No se puede jugar con los niños", continuó el secretario general técnico. "Los chicos tienen que estar en clase y después ya se negociará lo que sea, pero no se puede impedir su derecho a la enseñanza". Además, Jiménez recordó que la Administración puede poner en marcha mecanismos jurídicos para obligar a los padres a llevar a sus hijos a clase. "Es un derecho constitucional", indicó el responsable educativo a EL PERIODICO.
 
En los últimos días, los medios de comunicación nacionales se han hecho eco de una huelga masiva en una localidad de Extremadura, que exige la construcción de un instituto para que sus hijos no tengan que desplazarse a otro pueblo. Jiménez cree que este tipo de actitudes pueden contagiarse, "pero no es la primera vez ni la última que unos padres utilizan a sus hijos para presionar a la Administración".
 
¿Y qué dice la ley respecto a estos casos? Antonio Embid, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, responde sin ninguna duda: "Al margen de quién tenga la razón, que en eso no entro, lo que está claro es que el derecho de los padres a reclamar está sometido a otro derecho prioritario que es el de los hijos a acceder a la Educación. Esto no admite dudas".
 
Además, Embid apostilla que los padres tienen "la obligación jurídica" de escolarizar a sus hijos durante la etapa de la enseñanza obligatoria, entre los 6 y los 16 años. "Eso es sagrado", concluye.
 
Ante estos argumentos, los padres que se han movilizado se defienden. "Vale, nuestros hijos tienen derecho a la Educación, pero a una Educación de calidad, y la que se está impartiendo en muchos centros rurales deja mucho que desear", advierte Jesús, uno de los padres de Mesones de Isuela que se ha sublevado .
 
"Nuestra medida no es excesiva. Es la única manera de que te hagan caso. Los que nos critiquen, que se imaginen en qué situación nos encontramos para haber adoptado una determinación como ésta", prosigue Jesús.
 
"Un profesor no puede atender a once niños con edades entre los tres y los doce años. ¿Qué hará cuando el chico de tres años se ponga a llorar? Atenderle y desatender a los demás. Necesitamos otro profesor. Además, es a lo que se había comprometido la Consejería de Educación. Entonces, que lo cumpla", sentencia.

El Periódico de Aragón (24-9-2000)