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La Fiscalía ve indicios de prevaricación en
el contrato a la mujer del exalcalde de Alhama
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CRISTINA ADÁN | La Fiscalía ve indicios de prevaricación en la contratación como empleada municipal de la mujer del exalcalde de Alhama de Aragón, Joaquín Antón Duce (CHA). Por su parte, esta, que impartía las clases de educación de adultos en la localidad, denunció, al Ayuntamiento por despido improcedente cuando ya gobernaba José María Castejón (PAR) -que llegó a la Alcaldía tras una moción de censura apoyada por PAR, PSOE y PP-. El Juzgado de lo Social acaba de condenar al Ayuntamiento de Alhama a pagar a la empleada 8.664,56 euros en concepto de indemnización. El fallo ha sido recurrido. Mientras, el otro litigio sigue abierto a la espera de que avance la instrucción y se resuelva si se abre juicio oral.
Castejón se hizo con el bastón de mando de Alhama en noviembre de 2012. Poco tiempo después, el Ayuntamiento recibió un requerimiento de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para que remitiera el expediente del proceso de selección llevado a cabo para contratar a la profesora de educación de adultos. El Consistorio había solicitado una subvención a la DPZ. Y una de las condiciones para poder beneficiarse de estas ayudas es que se seleccione al profesorado según la normativa vigente y conforme a losprincipios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Únicamente quedan exentos de esto los municipios que ya tengan el profesorado como personal fijo.
La secretaria que estaba entonces con Castejón en el Ayuntamiento -contra la anterior también hay un litigio-, certificó que no se hizo el proceso de selección tal y como se requería, sino que se contrató a la persona que ya había desempeñado ese puesto el curso anterior, que era la mujer de Duce.
En enero de 2013, la DPZ inició el procedimiento para requerir al Ayuntamiento de Alhama que devolviera el anticipo de la subvención concedida para la formación de adultos del curso 2011-2012. El Consistorio había recibido ya un anticipo de 3.291 euros, aunque también le exigían los intereses de demora (168 euros más). El total de la subvención habría sido de 5.438.
A raíz de estos hechos, el equipo de gobierno encabezado por Castejón investigó lo ocurrido en cursos anteriores. Según fuentes municipales, en el de 2007-2008, de los cinco candidatos presentados a las pruebas, Eva Bendicho, esposa de Duce, resultó clasificada en penúltima posición, pero fue contratada ya que la primera de la lista renunció a las dos semanas de ocupar el puesto y el resto de candidatos rechazaron la plaza.
Siempre según las mismas fuentes, al curso siguiente, en el 2008-2009, hubo dos candidatas y Bendicho fue la que mayor puntuación obtuvo. El asunto acabó en los tribunales e incluso dos técnicos de la DPZ fueron imputados por el proceso selectivo, ya que pudo comprobarse en el acta que el tribunal que hizo la selección había cometido un error aritmético -la suma de 1,500 y 0,610 les dio como resultado 1,760, en lugar de 2,11-. El acta fue rectificada dos años después y dio como ganadora a la otra aspirante -con 2,11 superaba los 2,065 de su única rival-. Pero para entonces, Bendicho ya había sido contratada. En 2009-2010 volvió a repetirse que la primera clasificada renunció a la plaza y se contrató a la mujer del exalcalde.
A partir de las anualidades posteriores, según el informe de la secretaria actual, Duce contrató "directamente" a su esposa con un contrato temporal, "sin sometimiento a los principios mínimos que rigen la contratación pública", hasta que en la convocatoria de 2012-2013 pasó a ser trabajadora del Ayuntamiento fija discontinua sin acuerdo plenario de aprobación de plantilla o convocatoria pública previa. Al curso siguiente, ya con Castejón como alcalde, Bendicho no impartió clases porque no se puso en marcha la escuela de adultos e interpuso una demanda contra el Ayuntamiento a principios de noviembre de 2013. Fue entonces cuando Castejón comunicó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal de Cuentas las actuaciones citadas.
El fiscal estimó entonces, en diciembre de 2013, lo siguiente: "Existen indicios de que haya podido producirse una contratación de personal al servicio de la administración pública, concretamente el Ayuntamiento de Alhama de Aragón, con absoluta inobservancia de las normas legales que regulan la materia, y con el conocimiento de la irregularidad de dicha actuación, lo que puede constituir delito de prevaricación". La denuncia de la Fiscalía fue remitida al juzgado de Calatayud para que instruyera la causa. Castejón acudió a declarar, pero, de momento, el proceso no ha avanzado más.
Por su parte, el Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza estimó la demanda interpuesta por Bendicho, declaró la improcedencia del despido y condenó al Consistorio a readmitirla o indemnizarla con 8.664,56 euros. El Consistorio ha recurrido en súplica ante el Tribunal Superior de Aragón.
Heraldo de Aragón (27-2-2015)
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