Heraldo
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Enviado el: 11/07/2005 15:44:45
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La nueva ley de Lenguas dará pasos hacia la cooficialidad sin declararla expresamente
El Gobierno remitirá su nuevo proyecto a las Cortes de Aragón en septiembre. Los ciudadanos no tendrán que dirigirse sólo en castellano a las Administraciones, que necesitarán contratar traductores.
Fotógrafo: HERALDO
La ley de Lenguas sale del cajón
JAVIER BENITO. Zaragoza | La ley de Lenguas sale del cajón. El Gobierno aragonés remitirá un nuevo proyecto a las Cortes en septiembre, al inicio del próximo curso político. Así lo anunciaron fuentes del Ejecutivo a HERALDO y así lo confirmaron hace unos días el propio presidente, Marcelino Iglesias, y la consejera de Educación, Eva Almunia, a la comisión organizadora del segundo congreso de la lengua aragonesa.
Esta vez Iglesias no quiere pillarse los dedos. Amén de las divisiones políticas, el anterior proyecto encalló en las discrepancias jurídicas sobre la cooficialidad del catalán y el aragonés. De ahí que ahora se prescinda de la declaración expresa de cooficialidad, aunque se prevean avances en esa dirección desde el punto de vista práctico, tanto en el ámbito educativo como en el de las relaciones de los ciudadanos con la Administración.
"Regular mediante una ley autonómica la cooficialidad de lenguas distintas al castellano es constitucionalmente imposible, sin ningún género de dudas", dictaminó hace cuatro años la Comisión Jurídica Asesora (CJA). El máximo órgano consultivo del Gobierno aragonés confirmaba así las dudas que el entonces consejero de Cultura, Javier Callizo, había expresado al solicitarles ese dictamen no vinculante.
Un planteamiento que también compartieron el año pasado los servicios jurídicos de las Cortes regionales. Aunque anteriormente hubo informes en sentido contrario de especialistas que, entre otras cosas, esgrimían la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional sobre el bable en Asturias o el precedente del aranés en Cataluña, ambos cooficiales.
Compromiso electoral
Paradójicamente, Callizó planteó en su proyecto de ley la declaración discrecional por parte de los ayuntamientos de la cooficialidad no sólo del catalán y el aragonés normalizados en las zonas de uso predominante, sino incluso de sus variedades vernáculas. Fue un obstáculo insalvable para los propios socios del Ejecutivo, PSOE y PAR, aparte de las divisiones con el PP en una dirección y CHA e IU en la opuesta.
Aún así, socialistas y aragonesistas incluyeron la ley de Lenguas en sus respectivos programas para las elecciones autonómicas de 2003. Unos comicios en los que la coalición en conjunto salió reforzada merced a que el auge del PSOE superó el declive del PAR.
Los socialistas se reservaron esta vez el área de Cultura y amarraron la ley de Lenguas en el pacto de Gobierno. Era un compromiso que Iglesias había manifestado en la campaña y que reiteró el año pasado en el debate sobre el estado de la Comunidad.
El nuevo anteproyecto -que está en la asesoría jurídica del departamento de Cultura y que aún no han visto los aragonesistas-, se plantea desde la protección del uso del catalán y el aragonés y rehusa el término cooficialidad, al que siempre se han opuesto el PP y parte del PAR. No obstante, sí prevé que la DGA declare el carácter de lengua propia del catalán y el aragonés en las zonas de utilización predominante.
"Hay una voluntad de consolidar los derechos de los aragoneses que hablan una lengua distinta al castellano sin lesionar los derechos de nadie. La ley no va a imponer nada, sino que será respetuosa con todo el mundo", subrayaron fuentes próximas al Ejecutivo. Asimismo, recalcaron que Aragón no seguirá a otras Comunidades con varias lenguas, sino que tendrá "su modelo lingüístico propio".
Avances en normalización
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Como no podía ser de otra forma, la ley parte de la Constitución y del Estatuto, e incorpora nuevos avances en la normalización del uso del catalán y el aragonés, añadidos a los que ya figuran en las leyes autonómicas de Patrimonio Cultural, Carreteras, Directrices de Ordenación del Territorio, Sucesiones y Administración Local.
En este sentido, se establecen diversos avances sobre todo en el ámbito de la enseñanza y las relaciones de los ciudadanos con la Administración, aparte de las medidas de conservación y promoción del patrimonio lingüístico.
Se prevé que el Gobierno regule -no está claro si en la propia ley o en reglamentos posteriores- la enseñanza "de" y "en" las lenguas propias de cada zona. De esta forma, no sólo se podrá estudiar catalán y aragonés en las zonas de uso predominante -ahora ya se hace como actividad extraescolar-, sino que estas materias se incorporarán al currículo e incluso podrán ser "vehiculares" (se podrá enseñar matemáticas, por ejemplo, en catalán o aragonés, siempre que así lo soliciten una mayoría aún no determinada de padres y alumnos).
En cuanto a las administraciones aragonesas, los ciudadanos siempre podrán dirigirse a ellas en su propia lengua y tendrán derecho a que se les conteste en la misma, verbalmente o por escrito. El nivel de exigencia puede ser mayor con ayuntamientos de las zonas propias del catalán o el aragonés que con la DGA.
Todo esto obligará a contratar traductores. Aunque tanto en la administración como en la enseñanza se prevé una aplicación gradual y progresiva, siempre con incentivos y sin imposiciones. Entre otras cosas, para evitar que se dispare el gasto, que todavía no se ha calculado.
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